TMEC
El COMCE advirtió de las posibles consecuencias si las consultas en materia energética en el marco del TMEC entre México y Estados Unidos fracasan.
El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), consideró que si fracasan las consultas en materia energética que mantienen los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con México, se podrían imponer aranceles a exportaciones de pick ups y tractocamiones.
Una de las represalias que se habla en los pasillos es precisamente a estos productos, además del sector agroalimentario”, dijo Fernando Ruiz Huarte, director general del COMCE.
Sin embargo, Ruiz Huarte dijo que para que ocurrieran esas represalias, tendrían que fracasar primero las consultas que sobre el caso llevan actualmente Estados Unidos, México y Canadá en el marco del T-MEC.
Estados Unidos y Canadá Estados Unidos, acusan retrasos en el otorgamiento de permisos, una ley eléctrica mexicana que da prioridad a las empresas estatales sobre las privadas y otras normas que los inversores consideran que les perjudican, según fuentes del sector.
Hoy reunirán Raquel Buenrostro, la nueva secretaria de Economía de México, y Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, según un programa del gobierno estadounidense.
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México va a privilegiar el diálogo con sus socios TMEC por la política energética.
La nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dijo que la negociación será prioritaria para resolver las diferencias con los Estados Unidos y Canadá por la política energética del gobierno federal.
Buenrostro dijo que una de las primeras instrucciones que recibió del presidente López Obrador, fue que en materia del TMEC, se privilegiará la negociación en las consultas.
«Siempre privilegiaremos la negociación, antes que nada», sostuvo la funcionaria.
En la misma conferencia de prensa, Francisco Cervantes, presiente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que «Hacemos todo lo que esté humanamente posible para no llegar al panel. Ojalá en el transcurso de las consultas se pueda resolver esto. Estamos haciendo votos».
Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá acusan a México de no respetar los acuerdos del tratado comercial, al privilegiar a las empresas productivas del estado frente a las inversiones de los dos países.
La semana pasada, el presidente López Obrador, señaló que los Estados Unidos había desistido de alcanzar los paneles en materia energética, sin embargo, esto fue desmentido por el embajador Ken Salazar.
Ayer por la mañana Tatiana Clouthier anunció su renuncia como secretaria de Economía.
En el marco de la renuncia de Tatiana Clouthier como titular de la Secretaría de Economía, el canciller Marcelo Ebrad, aseguró que la salida de la secretaria no pone en riesgo las consultas entre Estados Unidos y Canadá.
La dimisión de Clouthier se produce en medio de diferencias con Estados Unidos y Canadá por el alcance de la política energética de México, al que Washington y Ottawa han solicitado consultas sobre solución de disputas respecto al cumplimiento del tratado de libre comercio de Norteamérica, TMEC.
El funcionario, que ha participado en los diálogos, dijo que en cuanto se anuncie al sucesor el día de mañana se le actualizará sobre los avances en el diálogo trilateral.
Hoy por la mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, puntualizo que la salida de la funcionaria no está relacionada con las consultas y aseguró que el diálogo entre los funcionarios gubernamentales avanza constructivamente.
El T-MEC y la Reforma Eléctrica, tema del Foro 14 del Parlamento Abierto sobre la iniciativa del Ejecutivo.
En el Foro 14 “Convencionalidad de la iniciativa de reforma eléctrica: T-MEC vs Reforma Eléctrica” del Parlamento Abierto para analizar la iniciativa del Ejecutivo, participaron abogados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y especialistas en el tema.
Kenneth Smith Ramos, ex jefe de la negociación técnica para T-MEC y socio en AGON-Economía, Derecho, Estrategia, indicó que la reforma como está redactada es violatoria del T-MEC y podría haber represalias comerciales y demandas multimillonarias en contra del país. Refirió que el capítulo 8 de ninguna manera otorga a México un cheque en blanco para violar el Tratado, a través de cambios constitucionales.
¿Qué es lo que sucede? Cualquier cambio constitucional, a leyes secundarias o reglamentos técnicos tiene que ser compatible con los compromisos del Tratado. “No podemos tomar el capítulo 8, el cual tiene que ver con hidrocarburos y argumentar que eso da la posibilidad de negar todos los demás compromisos que se tienen del Tratado”. Agregó que el T-MEC protege las inversiones en el sector eléctrico a través del capítulo 14 en materia de inversión.
Mencionó que solo se permiten excepciones al cumplimiento de lo que está plasmado en el Tratado, si en éste se establecieron reservas específicas, llamadas medidas disconformes donde se hace una excepción a la aplicación de tratados; si México no solicitó excepciones específicas adicionales, entonces no se puede acotar el espacio para que el sector privado participe en actividades productivas en el sector eléctrico.
Hay reglas en el Tratado sobre cómo se deben conducir las empresas comerciales del Estado, estableciendo un piso parejo, condiciones comerciales, transparencia regulatoria y no discriminación a favor de los monopolios estatales, añadió.
Afirmó que no se puede usar el capítulo 8 como un as bajo la manga para decir que no podemos o no debemos cumplir con la obligación que se plasma en el capítulo de empresas comerciales del Estado, acceso a mercado, obstáculos técnicos al comercio y en materia de inversión.
La CFE afirma que la reforma eléctrica no viola los capítulos del TMEC.
El equipo jurídico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegura que la reforma constitucional al mercado eléctrico propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no viola ningún tratado comercial.
Raúl Jiménez Vázquez, abogado general de la CFE, aseguró que la propuesta del ejecutivo es congruente y compatible con los 14 tratados comerciales, incluido el TMEC, que ha firmado México.
“La propuesta constitucional se inscribe perfectamente en los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el contexto de los tratados de libre comercio”.
El abogado de la CFE argumentó que la iniciativa presidencial no contraviene lo estipulado en los capítulos 8, 14 y 27, que contienen lo relativo a energía, inversión y competencia económica, respectivamente.
“El capítulo 8, energía, (es un) capítulo fundamental para justificar la acción de cambio constitucional que plantea el Presidente de la República (…). Se dice, sin lugar a margen de a dudas, lo siguiente: Uno, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular los asuntos abordados en este capítulo y dos, ¡ojo! México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna en términos y en la materia de energía”, explicó.
Sin embargo, empresarios y representantes de Estados Unidos y Canadá han señalado que el TMEC obliga al estado a mexicano a dar el mismo trato regulatorio a las empresas privadas que al que se le da a las empresas productivas del estado.
Mientras que la consejera jurídica del Ejecutivo federal, María Estela Ríos González, afirmó que la reforma eléctrica será congruente con los principios establecidos en la Constitución, ya que no los contraviene, sino que los refuerza y reivindica “Estamos para defender el interés de la mayoría y no de los privilegiados”, manifestó.
Congresistas aumentan la presión ante las violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Más de 40 representantes del congreso de Estados Unidos enviaron una nueva carta a la secretaria de Energía, el secretario de Estado, la secretaria de Comercio y a la representante comercial de Estados Unidos en la que se pide que intervención para que México cumpla con el TMEC.
“Escribimos a ustedes para expresar nuestra preocupación acerca de reportes de que el gobierno de México ha escalado sus esfuerzos para excluir a las empresas privadas del sector energético de Estados Unidos, violando el Tratado México, Estados Unidos y Canadá”.
Los congresistas aseguran que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido el objetivo explícito de brindar un trato preferencial a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Lo cual opinan que es una directa contradicción con el T-MEC.
“Su administración y su partido han defendido los esfuerzos regulatorios y legislativos que los tribunales mexicanos han dictaminado que son anticompetitivos y perjudiciales para el medio ambiente”.
Los representantes norteamericanos consideran que esta política es perjudicial para la inversión estadounidense, los trabajadores estadounidenses y el compromiso de América del Norte con la sostenibilidad, todos los cuales son conceptos protegidos por el TMEC.
En las últimas semanas, se han intensificado las acciones de ejecución discriminatorias y arbitrarias. A través de lo que parece ser un uso selectivo de la autoridad, han obstaculizado explícitamente, y en algunos casos bloqueado por completo, la participación del sector privado estadounidense en los mercados de combustibles de México.
“Según informes de los medios, el gobierno mexicano ha suspendido los permisos de varias terminales de almacenamiento de combustible de propiedad estadounidense, mientras utiliza a la Guardia Nacional para forzar el cierre de 23 instalaciones relacionadas con el combustible, como sitios de almacenamiento, y el cierre parcial de otras 171”.
Estas acciones son solo las últimas de un esfuerzo amplio y arrollador destinado a sofocar la competencia del sector privado.
Congresistas y Senadores de Estados Unidos enviaron el 20 de octubre una carta al Embajador de ese país en México, Ken Salazar, para que plantee las preocupaciones que existen entre empresarios del sector energético estadounidenses por las recientes acciones llevadas a cabo por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los congresistas señalan que en junio, la autoridad tributaria de México modificó las Reglas Generales de Comercio Exterior, prohibiendo a las empresas obtener o renovar los permisos de tres años que se requieren para que las terminales de combustible sirvan como puntos de entrada y salida de hidrocarburos.
La misma agencia suspendió en julio a 82 empresas del comercio de combustibles por presuntas violaciones fiscales.
Mientras tanto, solo entre el 20 de diciembre de 2020 y el 15 de julio, la Secretaría de Energía de México canceló mil 866 permisos para la importación y exportación de gasolina, diesel, gas LP, jet fuel, fuel oil y crudo4.
Al 20 de septiembre, solo 97 de los mil 954 permisos otorgados a empresas privadas estaban activos en México.
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Advierten que reforma eléctrica que representa una potencial violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Congresistas y Senadores de Estados Unidos enviaron una carta al Embajador de ese país en México, Ken Salazar, para que plantee las preocupaciones que existen entre empresarios del sector energético estadounidenses por las recientes acciones llevadas a cabo por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta es la tercera carta que los representantes norteamericanos envían externado su preocupación sobre la política energética de la cuarta transformación.
La carta, firmada por 18 congresistas y 2 senadores estadounidenses del estado de Texas, señala que el Gobierno Federal ha tomado varias acciones que discriminan a los productores de energía estadounidenses y favorecen a las empresas estatales mexicanas.
Lo cual aseguran los representantes norteamericanos es violatorio del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
«Es por eso que estamos enfocados en asegurar la implementación completa del T-MEC y estamos preocupados por las acciones recientes tomadas por la Administración mexicana para favorecer a las empresas estatales (EPE) y empujar la inversión estadounidense. Estas acciones violan el espíritu y la letra del USMCA y deben abordarse».
Los congresistas y senadores acusan que las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos y la reforma constitucional al mercado eléctrico afectan las inversiones norteamericanas.
“Esto incluye las modificaciones recientes a la Ley de Hidrocarburos, que otorga a los funcionarios mexicanos la facultad de suspender y revocar permisos clave para operaciones privadas, y más recientemente, las reformas constitucionales propuestas por el gobierno, mismas que aumentarían el control estatal de la industria eléctrica y limitarían severamente la inversión privada”, señaló la misiva.
«Más recientemente, las reformas constitucionales propuestas por el gobierno aumentarían el control estatal de la industria eléctrica y limitarían severamente la inversión privada. Estos pasos, entre otros, dañan nuestra asociación comercial crítica con México y potencialmente violan los principios clave del T-MEC».
Los representantes americanos pusieron como ejemplo el proceso de unificación del campo Zama, cuya operación fue otorgada a Pemex y no al consorcio liderado por Talos Energy.
«Las medidas del gobierno mexicano sobre energías renovables y las noticias recientes relacionadas con el campo Zama sirven como buenos ejemplos de los grandes problemas que nos preocupan».
Por ello, instaron al embajador Salazar a que se relacione directamente con los altos funcionarios del gobierno mexicano para garantizar que las empresas de energía estadounidenses puedan exportar bienes de manera justa y puedan continuar impulsando la inversión privada y el crecimiento del empleo en toda la región.
«También hemos planteado estas preocupaciones directamente a la Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), Katherine Tai. La implementación adecuada del T-MEC es una prioridad máxima y los EE. UU. Deben participar en todos los niveles de gobierno para garantizar que el pueblo estadounidense pueda cosechar todos los beneficios de este importante acuerdo comercial. Agradecemos su compromiso con estos temas y esperamos trabajando con usted para ofrecer soluciones para las empresas de Texas».
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La AmCham hace un llamado al Congreso para enfocar la legislación en materia energética en la economía y salud de los consumidores, el Estado de Derecho, la sustentabilidad y la certidumbre en el entorno de negocios.
La American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham) y las más de mil empresas que representa expresó su preocupación por los efectos que tendría la propuesta de reforma constitucional en materia de energía.
La asociación asegura que de ser aprobada, afectaría a las familias e industria mexicanas por sus repercusiones medioambientales, económicas y de cumplimiento de compromisos internacionales, particularmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
La AmCham puntualiza que en momentos de reactivación económica nacional y regional tras la pandemia de COVID-19, en el que México y Estados Unidos realizan esfuerzos conjuntos para la relocalización y desarrollo de cadenas regionales de suministro, esta propuesta de reforma constitucional afectará negativamente el clima de confianza y certidumbre necesaria para la recuperación, pues la propuesta de reforma no plantea respetar, hasta su vencimiento, los esquemas regulatorios y contractuales bajo los cuales se realizaron inversiones de largo plazo.
Ademas contraviene los compromisos establecidos por México en el TMEC al eliminar los órganos reguladores coordinados en materia energética, desaparecer el mercado eléctrico mayorista, imponer cuotas de mercado y la cancelación de contratos privados, entre otros;
Reducirá la diversidad de opciones de suministro eléctrico, lo que genera preocupación en las empresas del sector privado, riesgos de desabasto y podría aumentar el costo final de energía en los hogares mexicanos;
Podría aumentar los costos energéticos de las cadenas productivas en suelo mexicano y afectar negativamente la confianza de los inversionistas, México perdería la oportunidad de ser una economía pujante y competitiva, además comprometería la prosperidad de la región de América del Norte.
Por último, traslada la Transición Energética hacia un generador único con capacidades limitadas de generación limpia, impidiendo que México logre sus compromisos internacionales en el Acuerdo de París, el Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre México, Estados Unidos y Canadá, en el marco del T-MEC y el acuerdo de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable.
«Hacemos un atento llamado a los legisladores que participarán en el proceso de discusión de la propuesta de reforma constitucional del Ejecutivo Federal, para que antepongan la economía de mexicanos; la competitividad de la industria, que genera 9 de cada 10 empleos; el respeto al derecho humano a un medio ambiente sano y la salud, así como al Estado de Derecho en su conjunto».
«En AmCham estamos convencidos de que la mejor forma de fortalecer la seguridad energética y competitividad del país es a través de la participación complementaria de diferentes empresas de los sectores público y privado que, en un ambiente de libre concurrencia y reglas estables, compitan para ofrecer energía limpia, confiable, resiliente y a precios asequibles a los hogares y empresas mexicanas».
Finalmente, AmCham puso a disposición de los legisladores revisores de esta reforma constitucional, así como al Gobierno Federal en su conjunto, el conocimiento técnico de su Red Nacional de Comités.
«El diálogo constructivo con la iniciativa privada es clave para identificar las mejores alternativas en materia energética para el bienestar de los mexicanos y la competitividad de las empresas, priorizando siempre la prevalencia del Estado de Derecho».
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El TMEC y otros tratados comerciales pondrían un freno a la entrada en vigor de la reforma eléctrica.
La entrada en vigor de los cambios constitucionales al mercado eléctrico propuesto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, podrían ser frenados por los tratados internacionales en materia comercial que firmado México.
Luis de la Calle, director de la consultora CMM explicó que la propuesta del ejecutivo de que el 54% de la energía provenga de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), viola los tratados comerciales en los que México participa.
La propuesta de la cuarta transformación es dar un mayor pesos y control a la empresa productiva del estado en el mercado eléctrico a costa de los privados.
“México no tiene reservados la generación y comercialización de electricidad en los tratados. El tener un lenguaje en la Constitución de que es exclusivo del Estado es una violación de la reserva”.
De la Calle, asegura que tanto el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el acuerdo comercial con la Unión Europea, no contienen una reserva que permita a México tener ese derecho.
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