SCJN

SCJN determinó que los privados no crearon derechos adquiridos con contratos de interconexión eléctrica.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el sistema normativo integrado por el artículo Décimo Tercero Transitorio, fracción I, inciso c), de la Ley de la Industria Eléctrica y el Acuerdo número A/052/2016 de la Comisión Reguladora de Energía que define los criterios administrativos para dar cumplimiento al artículo transitorio referido no transgrede la Constitución Política.

La Sala explicó que, el artículo 25 constitucional prevé amplias facultades de dirección económica al Estado entre las que se encuentra el servicio eléctrico, por lo que está en aptitud de modificar las normas que rigen las condiciones regulatorias relativas al sistema eléctrico y puede establecer que, a partir del cambio de normatividad, se modifican los términos de los permisos ya expedidos, sin que esto implique una afectación a los derechos de los permisionarios, al estar de por medio las necesidades que demanda la sociedad.

Los permisionarios ya en operatividad a la entrada en vigor de la nueva ley mantienen las condiciones regulatorias que regían al momento en que obtuvieron su permiso, mientras que los solicitantes preexistentes mantienen las condiciones regulatorias generales conforme a la normatividad anterior y tienen la opción de obtener la interconexión en términos de esa normatividad a través de un contrato legado bajo el régimen de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, previa notificación de intencionalidad ante la Comisión Reguladora de Energía.

En tanto, el interesado que no cumplió con la condicionante referida no pierde la calidad de permisionario ni queda impedido para obtener un contrato de interconexión y solicitar la modificación del permiso, por uno de carácter único de generación, a fin de realizar sus actividades al amparo de la Ley de la Industria Eléctrica.

Finalmente, la Sala determinó que no se transgrede el derecho de irretroactividad previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal, toda vez que se reconoce la preexistencia de esos permisos y otorga la posibilidad de celebrar contratos de interconexión legados, con las condiciones que estableció el Estado a los permisionarios para transitar al nuevo sistema de energía eléctrica.

El 9 de marzo de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a la LIE que promovió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Entre los cambios aplicados a la LIE, se establecía que se cancelan los contratos de interconexión a la red de los contratos de interconexión legados.

Esto provocó que muchas empresas promovieran juicios de amparo bajo el argumento de que la reforma era retroactiva, violando el principio de irretroactividad, además de que violaba derechos adquiridos.

Con este fallo, la Segunda Sala de la SCJN consideró que los permisionarios ya en operatividad a la entrada en vigor de la nueva ley mantienen las condiciones regulatorias que regían al momento en que obtuvieron su permiso.

Siete ministros de la SCJN señalaron que el gobierno de Colima no tiene legitimación para impugnar la LIE.

Por mayoría de siete votos, pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la impugnación presentada por el gobierno de Colima contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

La sentencia va en línea con la resolución de la controversia constitucional de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Los siete ministros de la SCJN señalaron que el gobierno de Colima no tiene legitimación para impugnar la LIE.

En consecuencia, por mayoría de votos decidieron sobreseer el asunto.

En la misma sesión, la corte no realizó ninguna aclaración sobre el número de votos de la sesión del pasado 7 de abril en la que resolvió la acción de inconstitucionalidad contra la LIE, promovida por el Senado.

Esto, pese a la solicitud del senador Emilio Álvarez Icaza de aclarar el cómputo de votos en el que, a su consideración, sí se reunían los 8 votos necesarios para declarar inconstitucional de la reforma impulsada por el ejecutivo.

La SCJN resolvió que la ley eléctrica de AMLO no invade competencias de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por lo cual la sobreseyó.

La controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), fue declarada sin materia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que la mayoría de los ministros coincidió en que dicha norma no invade las facultades legales del órgano autónomo.

De los 11 ministros de la Corte, seis consideraron que la Ley de la Industria Eléctrica no invade competencia de Cofece, por lo que se determinó que el órgano no es la figura correcta para realizar la impugnación.

La Cofece impugnó los artículos 3, 12, 26, 35, 53, 101, 108, 126 y los transitorios primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la ley por violar la “competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación de electricidad principalmente, y en el de comercialización o suministro de energía”.

El punto fue expuesto por el ministro Mario Pardo Rebolledo, quien sostuvo que en su demanda la Cofece combatía varios artículos que a su juicio violaban los principios de libre competencia y concurrencia, pero en ninguno exponía la posible invasión a sus atribuciones constitucionales, que es el único argumento por el cual podría haber interpuesto una controversia.

“La Cofece acude a impugnar una reforma a la Ley de Industria Eléctrica que en nada afecta sus competencias, sino en abstracto al principio de competencia económica, bajo el argumento de que viene a defender el principio de competencia económica en las actividades de generación y comercialización de la energía eléctrica, desnaturalizaría el objeto del presente medio de control constitucional”, planteó Pardo.

La Corte, aún tiene que resolver otra controversia constitucional, promovida por el Poder Ejecutivo de Colima.

Los ministros de la SCJN iniciaron la discusión sobre la constitucionalidad de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

El pleno de Ministros de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron el análisis de la acción de inconstitucionalidad contra la reforma a las modificaciones a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual fue suspendida en 2021 por la corte.

En 2021, el Congreso y Senado aprobaron las reformas a la LIE, sin embargo, la propuesta fue suspendida en tribunales federales por controversias constitucionales interpuestas por senadores de la Oposición y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Sin embargo, las suspensiones están en proceso de ser revocadas por tribunales colegiados de circuito, y el fallo de la SCJN también será determinante para el destino final de los amparos, que se tramitan por separado.

La ministra Ortiz Ahlf presentó tres proyectos donde rechaza que la reforma viole la Constitución, además de que asegura que no atenta contra los tratados de libre comercio como el T-MEC y el TTP.

La Ministra considera que la reforma del ejecutivo no viola los derechos humanos a un medio ambiente sano y protección a la salud.

Por 6 votos contra 5 fue rechazado el capítulo introductorio relativo a la Ley de la Industria Eléctrica planteado por la ministra Loretta Ortiz, sin embargo, 4 ministros apoyaron los razonamientos sobre el Sistema Eléctrico Nacional.

Ante la discusión se contemplan tres escenarios con el resultado de la votación en la SCJN.

Si al menos ocho de los once Ministros declaran inconstitucionales los principales artículos de la reforma, esto llevaría a la invalidez con efectos generales, es decir, los cambios legales dejarían de existir. Los amparos de las empresas privadas quedarían sin materia.

Si, al menos, seis de los once Ministros apoyan los proyectos, se declara que la reforma a la LIE es constitucional. Entonces todos los amparos de privados serían negados, y la ley entrará en vigor en cuanto la última suspensión sea revocada por los tribunales colegiados.

En caso de que seis o siete ministros votan por la invalidez, pero no se logran los ocho votos, entonces la Corte desestima la acción y controversias. En este caso, la mayoría simple de ministros sería suficiente para, posteriormente, conceder los amparos a las empresas, que solo requieren seis votos en Pleno o tres en Sala.