Infraestructura

Los procesos para garantizar el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada de Comunidades Indígenas podrían estar en riesgo durante este año electoral y con ello también peligrará la inversión para proyectos energéticos, extractivos y de infraestructura; consideró gmi Consulting, la primera consultora mexicana especializada en gestión social, ambiental y de infraestructura.

La realización de una Consulta Indígena implica la aplicación de recursos públicos, tiempos fuera de los horarios oficiales de trabajo de las propias dependencias que deben ejecutarlas, reuniones públicas y masivas de personas. Y en ocasiones, representantes de algunos partidos políticos se han acercado a las personas indígenas y a las reuniones en las que se desahoga el proceso de consulta con el fin de obtener “simpatizantes” de un partido o de candidatos, además de sugerirles que se expresen a favor o en contra del proyecto que se está consultando, dependiendo de los intereses partidistas, consideró la firma de Consultoría.

“La Consulta Indígena en tiempo de campañas podría constituir un jugoso caldo de cultivo para obtener votantes cautivos, por lo que el Estado mexicano no debe permitir dichas conductas absolutamente antidemocráticas que atentan contra los procesos electorales y que pueden poner en riesgo los procesos que están en marcha para garantizar el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada a Comunidades Indígenas” apuntó Juan Pablo Gudiño, Director Jurídico de gmi Consulting.

El Estado Mexicano debe cumplir con garantizar, proteger y respetar los Derechos Humanos y aplicar tanto la normativa nacional como internacional que los tutelan, agregó el Directivo, quien ha participado en más de 30 Consultas Indígenas y ha representado a México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, respecto de Megaproyectos y Consulta Indígena, y Reforma Energética.

“A la par de los derechos colectivos indígenas tenemos las reglas de las contiendas electorales establecidas por el  Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) mediante el cual el Instituto Nacional Electoral (INE) puede aplicar sanciones; y, según sea el caso, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) perseguirá presuntos ilícitos electorales que pueden provenir de actos anticipados de campaña, inequidad en los procesos, aplicación de recursos para que los electores voten a favor de un candidato, coacción para ejercer el voto a favor de uno u otro partido político, no respetar la veda electoral, tiempos en medios de comunicación, llamado al  voto, entre otros” agregó Juan Pablo Gudiño.

La Recomendación General No. 27/2016 de la CNDH, relativa a la obligación de que se realicen procesos de consulta indígena, señala que en México habitan 68 pueblos indígenas, hablantes de 68 lenguas y 364 variantes etnolingüísticas. La población que se considera indígena representa el 21.5% de la población total de este pluricultural país.

“Ante tales características de pluriculturalidad, inversión económica y mega biodiversidad, hacemos un llamado para que los candidatos a la Presidencia de México hagan un pronunciamiento claro en estos temas y realicen propuestas específicas para satisfacer las necesidades que tienen los mexicanos, indígenas y no indígenas, al respeto y garantía de los derechos, a los incentivos a la inversión económica y a todos los temas relativos a la biodiversidad”, concluyó Gudiño.