Grupos ambientalistas expresaron su preocupación por la aprobación de la CRE del acuerdo que modifica la regulación de la energía libre de combustibles.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México; Iniciativa Climática de México y Nuestro Futuro expresaron su preocupación por la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Acuerdo aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la regulación de la energía libre de combustibles el 24 de mayo de 2023.
A través de este acuerdo la CRE modifica la regulación y las definiciones de lo que se considera energía limpia para incluir en esta categoría procesos y combustibles que producen contaminantes, los cuales no solo representan riesgos para la salud de la población mexicana, sino que también contribuyen al calentamiento global.
Las organizaciones expresaron su preocupación por qué se da información equivocada sobre el progreso real de las energías renovables en el país.
«Con los cambios propuestos se estaría haciendo creer al mundo que nuestro país incrementa el porcentaje de energías renovables en nuestra matriz energética cuando en realidad no lo hace».
Este acuerdo da impedimentos para alcanzar los objetivos de transición energética.
«La Ley de Transición Energética obliga a alcanzar un objetivo del 35% de energías renovables para 2024 y la Ley General de Cambio Climático –en su artículo 3 transitorio, inciso e)– hace mención al 35% de energía limpia para 2024. Sin embargo, la suspensión de las subastas a largo plazo en 2018 y las modificaciones de las normas de despacho que favorecen a los combustibles fósiles en vez de favorecer a las energías renovables, han obstaculizado la consecución de este objetivo», aseguran las organizaciones.
Los grupos ambientalistas advierten que el acuerdo publicado por el regulador es ineficaz.
«Este nuevo Acuerdo no añadirá ni un solo MW de capacidad de energías renovables a nuestra matriz eléctrica, ni reducirá ni una sola tonelada de bióxido de carbono adicional a las medidas que se habían ya considerado para avanzar con el cumplimiento de las metas prometidas por México en la última COP».
Las agrupaciones consideran que con la aplicación de este acuerdo se frena aún más la transición energética en el sector eléctrico en México y con esto se viola el derecho humano a un medio ambiente sano en su vertiente de clima seguro, habitable y sostenible, así como diversos derechos fundamentales como a la salud, alimentación, agua, vida digna.