Las industrias de la minería, petróleo y gas en México muestran progresos desiguales en el acceso a la información y la transparencia del sector, sobre todo con la información relacionada con los impactos sociales y ambientales.
El nivel de gobernanza del sector minero es ‘débil’ mientras que la gobernanza del sector hidrocarburos es ‘satisfactoria’ según la más reciente evaluación del Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales (IGR 2021), para el periodo 2019 – 2020.
Los investigadores señalan que la diferencia en la gobernanza de ambos sectores se debe, entre otros, a que el sector de petróleo y gas sí cuenta con entidades reguladoras como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Gracias a ello, el sector hidrocarburos ha mostrado un avance en el manejo de datos y una mayor transparencia de los contratos a operadores privados.
La situación en el sector minero es diferente pues carece de instituciones de supervisión lo que limita la capacidad del Gobierno para hacer el seguimiento al otorgamiento de licencias y los procesos posteriores. Además, NRGI encontró que la transparencia y rendición de cuentas del sector se ven afectadas debido, por ejemplo, a la imposibilidad de acceder a la información en línea.
“Los resultados —para el sector hidrocarburos — corresponden a los instrumentos de gestión creados con motivo de la Reforma Energética del 2013 que siguen aún vigentes para parte de la industria. El gobierno ha decidido hacer de lado muchos de estos instrumentos para aplicar su propia agenda enfocada en Pemex”, señala Alonso Hidalgo, especialista de NRGI.
“Más allá de las divergencias con respecto a la participación privada en el sector, las autoridades podrían fortalecer el marco institucional vigente, en especial a los órganos reguladores, para llevar a cabo una estrategia en donde PEMEX sea el protagonista”, resalta Hidalgo.
Reto común: mejorar el acceso a la información sobre impactos sociales y ambientales
Según los resultados del IGR 2021, tanto el sector minero (46/100) como el sector hidrocarburos (42/100) se ubican en la franja de desempeño débil en cuanto a la gobernanza de los impactos locales. Además, ambos sectores, tienen problemas para implementar medidas que garanticen el acceso a información sobre los impactos sociales y ambientales.
El sector extractivo presenta desafíos relacionados con la brecha de implementación de las leyes vigentes. Por ejemplo, pese a que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece que todas las empresas extractivas deben presentar evaluaciones de impacto ambiental (EIA), tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), han publicado los estudios de manera inconsistente. El caso de los planes de mitigación ambiental es similar.
La transparencia relacionada con los impactos sociales y ambientales es crítica, señalan los investigadores. El acceso a las evaluaciones de impacto ambiental se da, principalmente, previa presentación de una solicitud de acceso a la información dirigidas a las distintas entidades. Pero, la información no está en línea, lo que entorpece el acceso del público a información relevante sobre el sector, más aún cuando la ley permite a las empresas preservar la confidencialidad de la información que consideren estratégica.
“El sector extractivo necesita agilizar la presentación de información socioambiental a las poblaciones afectadas por sus actividades y la legislación necesita ir de la mano con políticas que se implementen de manera eficiente y efectiva”, finaliza Hidalgo.